¿Qué debemos a quienes no piensan como nosotros?

Hay una forma de tolerancia que apenas exige esfuerzo: la que practicamos con quienes piensan aproximadamente como nosotros.

Podemos discrepar sobre cuestiones secundarias, discutir acerca de una decisión política, una costumbre o una preferencia personal, e incluso disfrutar de cierta confrontación intelectual. Mientras las diferencias no cuestionen aquello que consideramos esencial, resulta relativamente sencillo mostrarnos abiertos, comprensivos y respetuosos.

La dificultad comienza cuando encontramos a alguien cuyas ideas nos parecen profundamente equivocadas. No simplemente distintas, sino contrarias a principios que consideramos importantes. Alguien que defiende una posición que juzgamos injusta o sostiene convicciones cuya sola expresión nos incomoda.

Entonces nuestra tolerancia deja de ser una disposición agradable y se convierte en un problema.

Porque tolerar aquello que nos gusta no tiene demasiado mérito. Y tolerar aquello que nos resulta indiferente tampoco exige una virtud especial.

La verdadera cuestión es qué estamos dispuestos a reconocer a quienes piensan de una manera que desaprobamos. Pero también hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger ese reconocimiento cuando alguien pretende negárselo a los demás.

Esta segunda pregunta introduce una dificultad que solemos pasar por alto: la tolerancia, en determinadas circunstancias, puede exigirnos dejar de tolerar.

El derecho a estar equivocados

Se atribuye frecuentemente a Voltaire una frase que, en realidad, escribió Evelyn Beatrice Hall en 1906 para resumir la actitud del filósofo francés ante la persecución de un autor cuyas ideas desaprobaba: «No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo».

La afirmación contiene una exigencia considerable. Nos invita a defender una libertad incluso cuando desaprobamos profundamente el uso que otros hacen de ella. Nos recuerda que los derechos no pueden depender de la simpatía que nos inspiran quienes los ejercen.

Pero ¿hasta dónde alcanza ese compromiso?

Imaginemos que alguien sostiene públicamente que un determinado grupo de personas debería ser privado de sus derechos. Podemos considerar esa opinión profundamente injusta y combatirla con toda la energía de la que seamos capaces. Sin embargo, el mero hecho de que una idea nos resulte moralmente reprobable no resuelve por sí solo si debemos impedir su expresión.

Ahora imaginemos que esa misma persona comienza a amenazar a los integrantes de aquel grupo, a intimidarlos o a impedirles ejercer sus derechos.

La cuestión ha cambiado.

No porque hayamos descubierto repentinamente que sus opiniones son equivocadas, sino porque nos encontramos ante conductas que pueden lesionar la libertad ajena.

La distinción, sin embargo, no es tan sencilla como separar las palabras de los actos. Una amenaza puede formularse verbalmente, una campaña de hostigamiento puede desarrollarse mediante mensajes y determinadas incitaciones pueden constituir por sí mismas conductas jurídicamente relevantes. Importan el contenido, el contexto y el riesgo que generan, no únicamente el medio utilizado.

Una sociedad libre debe ser capaz de soportar opiniones que considera profundamente desagradables. Pero también debe poder proteger a las personas frente a amenazas y otras conductas que vulneran sus derechos, sin necesidad de esperar siempre a que el perjuicio se consume.

Si permitimos cualquier conducta en nombre de la tolerancia, podemos terminar abandonando a quienes necesitan su protección. Pero si prohibimos cualquier opinión que consideramos peligrosa, podemos destruir la libertad que pretendíamos defender.

Entre ambas exigencias no parece existir una fórmula sencilla.

El valor de escuchar al discrepante

John Stuart Mill defendió la importancia de escuchar las opiniones contrarias a nuestras convicciones. Su argumento no descansaba en la idea de que todas las opiniones fueran igualmente valiosas, sino en algo bastante más incómodo: nuestra certeza de estar en lo correcto no nos convierte en infalibles.

Si una opinión que rechazamos resulta verdadera, escucharla puede permitirnos corregir un error. Si es falsa, examinarla puede ayudarnos a comprender mejor las razones por las que sostenemos nuestra propia posición. Incluso cuando nuestra conclusión es correcta, discutirla puede impedir que termine convertida en una convicción repetida mecánicamente, cuyas razones hemos olvidado.

El argumento conserva su fuerza, pero debemos evitar interpretarlo como una obligación de conceder idéntico valor a cualquier afirmación.

Hay cuestiones sobre las que disponemos de conocimientos sólidos y otras en las que apenas contamos con conjeturas. Podemos escuchar un argumento, comprenderlo y concluir razonablemente que es falso, contradictorio o moralmente inaceptable.

Escuchar no significa conceder la razón.

Tampoco estamos obligados a dedicar nuestro tiempo a cualquier controversia. Podemos negarnos a participar en una discusión que consideramos inútil o alejarnos de una relación que nos perjudica. La libertad de expresión no incluye un derecho general a exigir la atención de los demás.

Pero cuando decidimos combatir una idea, deberíamos al menos procurar comprenderla.

Resulta difícil refutar seriamente una opinión que solo conocemos a través de la caricatura que hacen de ella sus adversarios. Y, sin embargo, es una costumbre bastante extendida.

Nos informamos sobre lo que piensan quienes discrepan de nosotros a través de personas que también discrepan de ellos. Leemos sus declaraciones más desafortunadas, compartimos sus errores más evidentes y terminamos convencidos de conocer suficientemente sus argumentos.

Después nos sorprende que ellos hagan exactamente lo mismo con nosotros.

Podemos ganar así numerosas discusiones contra argumentos que nadie ha defendido.

La tolerancia intelectual no exige considerar razonable cualquier opinión. Exige, al menos, no sustituir deliberadamente las ideas ajenas por versiones más fáciles de despreciar.

La persona detrás de la opinión

Nos resulta extraordinariamente sencillo identificar a una persona con sus convicciones.

Cuando alguien expresa una opinión que nos parece especialmente reprobable, podemos sentir que acabamos de descubrir algo esencial sobre su carácter. Ya no estamos ante alguien que sostiene una determinada idea, sino ante una persona definida por ella.

La simplificación resulta cómoda.

Si identificamos completamente a alguien con su peor opinión, dejamos de necesitar comprender cualquier otra cosa sobre él. Sus experiencias, sus contradicciones y las circunstancias que han contribuido a formar sus creencias pierden importancia. Nos basta una etiqueta.

No se trata de negar que nuestras ideas digan algo sobre nosotros. Algunas convicciones tienen consecuencias morales importantes y pueden justificar que revisemos la confianza que depositamos en una persona.

Pero difícilmente podemos reducir toda una vida a una sola opinión.

Podemos conocer a alguien generoso en su vida cotidiana que sostiene ideas políticas que consideramos equivocadas. Podemos admirar la inteligencia de una persona y descubrir que mantiene prejuicios sorprendentes. También podemos encontrar individuos que defienden públicamente principios admirables y se comportan de manera miserable en sus relaciones personales.

La condición humana rara vez ofrece la coherencia que exigimos a nuestros adversarios.

Y nosotros tampoco estamos libres de contradicciones.

Quizá convendría preguntarnos cuántas de nuestras opiniones actuales resistirían el examen moral de alguien que viviera dentro de cincuenta años. O cuántas de las ideas que defendimos hace veinte nos resultarían hoy difíciles de justificar.

Esta posibilidad no debería impedirnos juzgar. Pero sí introducir cierta prudencia en la manera de hacerlo.

Podemos condenar una idea sin deshumanizar a quien la sostiene. Y podemos reconocer que los derechos fundamentales no constituyen una recompensa reservada a las personas cuyas opiniones aprobamos.

La comodidad de la indignación

La indignación tiene una utilidad moral evidente. Nos permite reaccionar ante situaciones que consideramos injustas y puede impulsarnos a actuar cuando la indiferencia sería una forma de complicidad.

Pero también ofrece ciertas satisfacciones personales.

Indignarnos nos permite experimentar una claridad que rara vez encontramos en otros estados de ánimo. De pronto sabemos quién tiene razón, quién está equivocado y de qué lado debemos situarnos.

La complejidad desaparece. El mundo vuelve a ordenarse.

Además, la indignación compartida fortalece los vínculos con quienes piensan como nosotros. La condena colectiva confirma nuestra pertenencia a una comunidad moral.

Nada de ello demuestra que nuestra indignación sea injustificada. Podemos tener excelentes razones para sentirla.

El problema aparece cuando empezamos a disfrutar tanto de esa certeza que dejamos de examinar sus fundamentos.

En ocasiones, la reacción ante una opinión ofensiva adquiere más importancia que la propia opinión. Nos interesa menos discutir lo que alguien ha dicho que demostrar públicamente cuánto nos desagrada.

La discrepancia deja entonces de ser un intercambio de razones y se convierte en una representación de nuestra identidad.

No basta con estar en desacuerdo. Debemos mostrar que nuestro desacuerdo es suficientemente intenso.

Y cuanto más visible resulta la indignación, más difícil puede hacerse introducir matices sin despertar sospechas.

Podemos terminar en una situación curiosa: defender la libertad de pensamiento mientras vigilamos cuidadosamente que nuestras propias opiniones no se aparten demasiado de las aceptadas por nuestro entorno.

Pero tampoco toda crítica intensa constituye intolerancia. Quien expresa una opinión debe aceptar que otros puedan cuestionarla con la misma libertad. El desacuerdo puede ser firme, severo e incluso áspero sin convertirse necesariamente en una vulneración de derechos.

La dificultad consiste en distinguir entre la crítica legítima, las presiones sociales que empobrecen la discusión y las conductas que efectivamente vulneran derechos. No son fenómenos idénticos, aunque a veces se alimenten entre sí.

Cuando tolerar exige no tolerar

Karl Popper formuló una advertencia que se ha convertido en una de las reflexiones más conocidas sobre los límites de la tolerancia: si extendemos una tolerancia ilimitada incluso a quienes pretenden destruirla, podemos terminar permitiendo que desaparezcan las condiciones que la hacen posible.

La idea suele resumirse afirmando que debemos ser intolerantes con los intolerantes.

Pero esa fórmula, aislada de sus matices, puede resultar peligrosa.

Popper no defendía que debiéramos prohibir automáticamente cualquier doctrina intolerante. Por el contrario, consideraba imprudente suprimirla mientras fuera posible combatirla mediante argumentos racionales y contener su influencia a través de la discusión pública. Su preocupación se dirigía especialmente a quienes rechazaban esa discusión y recurrían, o alentaban a recurrir, a la violencia.

La precisión importa.

Basta con considerar intolerante una opinión para concluir que tenemos derecho a combatirla mediante cualquier procedimiento. Y como casi todos encontramos intolerables algunas de las convicciones de nuestros adversarios, el principio puede convertirse en una autorización recíproca para restringir nuestras libertades.

La cuestión decisiva no es únicamente qué ideas nos parecen intolerables, sino qué conductas o riesgos suficientemente acreditados justifican una intervención destinada a impedirlas.

Imaginemos una comunidad en la que todos pueden expresar sus opiniones, practicar sus creencias y organizar libremente sus vidas. Entre sus miembros aparece un grupo que sostiene que determinadas personas deberían perder esos derechos.

La comunidad puede responder mediante la crítica, la discusión pública y la defensa de los principios que considera fundamentales.

Pero si ese grupo comienza a intimidar, perseguir o amenazar de manera creíble a otros, la respuesta no tiene por qué limitarse a la discusión. Proteger los derechos puede exigir medidas capaces de impedir el daño.

La tolerancia puede convertirse, de otro modo, en una forma de abandono.

Y, sin embargo, debemos resistir la tentación de resolver el problema mediante una prohibición general de las ideas que consideramos peligrosas.

La historia de la libertad está llena de opiniones que fueron juzgadas amenazantes por quienes tenían el poder de impedir su expresión. No necesitamos suponer que todas aquellas opiniones fueran correctas para comprender el riesgo de entregar a una autoridad la facultad ilimitada de decidir qué pensamientos pueden manifestarse.

Aquí aparece una segunda pregunta: ¿quién decide dónde termina la tolerancia?

En nuestras relaciones personales disponemos de un margen considerable para elegir qué conductas estamos dispuestos a aceptar. Podemos poner fin a una conversación, rechazar determinadas actitudes o alejarnos de alguien cuyas convicciones consideramos incompatibles con las nuestras. No necesitamos demostrar ante un tribunal que nuestra decisión es proporcionada.

Pero cuando hablamos de imponer restricciones jurídicas, ya no se trata únicamente de nuestras preferencias. Se trata del ejercicio de un poder capaz de limitar derechos ajenos.

Ese poder exige una justificación distinta.

Debemos examinar qué derecho o interés legítimo pretendemos proteger, qué perjuicio o riesgo concreto queremos evitar, si la medida cuenta con fundamento legal y si resulta necesaria y proporcionada. También debemos considerar las garantías frente a posibles abusos y la existencia de alternativas menos restrictivas.

No todas estas preguntas admiten respuestas sencillas. Pero prescindir de ellas nos deja a merced de una autoridad que puede cambiar de manos.

Conviene hacer un ejercicio incómodo: imaginar que las reglas que proponemos serán aplicadas mañana por personas que sostienen convicciones opuestas a las nuestras.

¿Continuaríamos considerándolas razonables?

La prueba no resuelve todos los conflictos. Pero ayuda a descubrir cuándo estamos defendiendo un principio y cuándo simplemente buscamos una ventaja.

La tolerancia necesita límites. Pero también necesita límites para quienes pretenden establecerlos.

Lo que debemos al discrepante

Volvamos a la pregunta con la que comenzábamos.

¿Qué debemos a quienes no piensan como nosotros?

No les debemos aprobación. Tampoco afecto, admiración ni una conversación interminable. Tenemos derecho a elegir nuestras amistades, a defender nuestras convicciones y a combatir con firmeza las ideas que consideramos falsas o injustas.

Pero sí les debemos algo que no depende de nuestra simpatía.

Debemos reconocerles una dignidad que no desaparece porque desaprobemos sus opiniones. Debemos respetar unos derechos que no pueden quedar condicionados a nuestra coincidencia intelectual. Y debemos aceptar que nuestra propia capacidad de juicio, por muy fundada que nos parezca, no está libre de error.

Al mismo tiempo, debemos reconocer que esos derechos también pertenecen a quienes pueden resultar perjudicados por las conductas intolerantes.

No sería razonable exigir a una persona amenazada que soporte indefinidamente la intimidación para demostrar su compromiso con la libertad ajena. Tampoco deberíamos confundir la protección de los derechos con la obligación de permanecer pasivos ante riesgos graves y suficientemente fundados.

La tolerancia no es una forma de indiferencia moral.

En nuestra vida cotidiana puede exigirnos paciencia, contención y disposición a comprender. En la convivencia política exige reconocer libertades incluso a quienes las emplean para defender ideas que rechazamos. Y cuando corresponde establecer límites jurídicos, exige justificar cuidadosamente por qué son legítimos.

No son obligaciones idénticas. Pero comparten una misma dificultad: ninguna nos permite convertir nuestras convicciones en una autoridad ilimitada sobre los demás.

Tal vez el error consista en imaginar que la tolerancia nos proporciona una respuesta automática para cualquier controversia.

No es así.

Nos obliga a distinguir entre una opinión y una amenaza, entre la crítica y la persecución, entre el desacuerdo y la coacción, entre la defensa de un derecho y su utilización para privar a otros de sus libertades.

Y nos exige hacerlo incluso cuando estamos convencidos de que nuestros adversarios se equivocan.

Podemos estar seguros de que una idea es falsa. Podemos considerarla profundamente injusta. Podemos incluso tener razón.

Pero tener razón no nos concede, por sí solo, cualquier derecho sobre quienes no la comparten.

La pregunta decisiva no es únicamente cuánto estamos dispuestos a tolerar.

Es también qué estamos autorizados a impedir en nombre de la tolerancia, y quién nos ha concedido esa autoridad.